Ante los medios, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero trastabilla


David Espino


Cuando el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) discutía en la sesión del 30 de diciembre el dictamen con el cual se le otorgaban medidas cautelares a la coalición Guerrero nos une en el que se le ordenaba a los periódicos El Sur, Vértice y Diario de Guerrero retirar propaganda considerada como guerra sucia, el representante de Tiempos mejores para Guerrero, Roberto Torres Aguirre, advirtió de consecuencias legales para el instituto y de un atentado a la libertad de expresión; entonces el consejero Arturo Pacheco Bedolla, presidente de la comisión de Quejas y Denuncias, pidió que el punto fuera retirado del orden del día, cosa que al final ocurrió.

El episodio se repitió en la sesión nocturna del miércoles 5, aunque esta vez sin previo aviso y sin explicación de por medio. El punto 10 –con número de dictamen 050/CEQD/17-12-2010– fue retirado de un orden del día que ya se había distribuido a los reporteros de la fuente y que incluía la resolución en la que se instruía a los medios impresos suspender la publicación de desplegados con los que, de acuerdo con la queja de la coalición encabezada por el PRD, ofenden a su candidato Ángel Aguirre Rivero.

Fueron los empleados del área de Comunicación Social del órgano electoral quienes de manera accidentada explicaron que al final se acordó no llevarlo ante el pleno porque el caso se analizaría a fondo. Pero ante los rostros de duda de los periodistas ni el presidente del instituto, César Ramos Castro, ni el presidente de la comisión de Quejas y Denuncias, Arturo Pacheco Bedolla, ni ningún otro consejero ofrecieron más detalles.

Tuvieron que pasar nueve días, tres reuniones de comisiones y dos del Consejo General para que en la primera sesión extraordinaria del año, este domingo 9, el dictamen fuera finalmente aprobado, con una acaso innecesaria explicación de parte de Pacheco. “Estamos atravesando momentos complicados y probablemente vengan más, pero estamos preparados para asumir la responsabilidad, no hay nada personal contra nadie”, dijo luego de una larga referencia sobre el trabajo del instituto.

Luego casi una disculpa: “la libertad de expresión está intacta; cuando requerimos a un medio de comunicación en las quejas, son de procedimiento, pero no para coartar la libertad de expresión. La medida cautelar que se aprueba sólo establece que se suspenda la publicación, no estamos advirtiendo que esos periódicos tienen una responsabilidad que merezca una sanción, en su momento lo vamos a dilucidar”, añadió.

¿Quién está detrás de Chino Chino?

En realidad, el capítulo inició hace más de tres meses, una vez que el sol azteca definió que de entre sus seis precandidatos registrados, Lázaro Mazón Alonso, Armando Ríos Piter, David Jiménez Rumbo, Alberto López Rosas, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Ramón Almonte Borja, Aguirre sería quien aparecería en la papeleta electoral el 30 de enero, tras la definición de Manuel Añorve Baños como candidato del PRI, conocida la estela de quebrantos que dejó tras de sí. En respuesta, Margarito Chino Chino inició a firmar desplegados de medias planas y planas completas en periódicos de circulación regional para criticar la determinación cupular del PRD.

El Sur, Novedades Acapulco, Vértice y el Diario de Guerrero, son los medios que han publicado como inserciones pagadas decenas de desplegados con títulos como Así lo dijeron, en el que se recopilan expresiones de descalificación de los precandidatos perredistas respecto a la designación de Aguirre en el PRD, y con los cuales se buscó evidenciar las profundas contradicciones de un partido cuya identidad de izquierda se desdibujó ante sus seguidores y sus militantes más radicales.

Respondiendo a una política todavía incomprensible –de no levantar denuncias sin previa solicitud de los agraviados por evidentes que éstas sean–, el IEEG no hizo nada a pesar de los reproches del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Misael Medrano Baza, en el registro de la coalición que integra junto con el PT y Convergencia el 25 de septiembre. “Esperamos, señor consejero –le dijo en el acto a Ramos Castro– que estén coleccionando los desplegados que un tal Margarito Chino Chino está publicando en diferentes medios contra la designación del senador Ángel Aguirre Rivero como nuestro candidato”.

El caso fue a parar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), según lo dio a conocer Medrano al finalizar una conferencia de prensa que el 29 de octubre ofrecieron en un antiguo restaurante del sur de Chilpancingo los dirigentes de los tres partidos aliancistas y el coordinador de la campaña, Jesús Zambrano Grijalba, sobre asuntos de la estructura de la campaña. Allí, Medrano dio a conocer detalles de Chino que hasta ese momento eran desconocidos.

Dijo que Chino Chino es un empleado administrativo del ayuntamiento de Acapulco, subalterno del coordinador administrativo de la Secretaría de General de aquella comuna, Jaime Bermudez Núñez, quien a su vez recibe órdenes del titular de esta instancia, Vicente Trujillo Sandoval, que depende del alcalde interino Luis Ávila Sánchez.

Añadió que la FEPADE tendría que indagar, primero, el origen de los recursos para pagar desplegados diarios que tienen un costo aproximado de 30 mil pesos, porque un modesto trabajador como se presume que es Chino Chino, no podría sufragar sólo de su salario esa cantidad, y segundo averiguar a quién se les está facturando para que proceda la sanción respectiva, a pesar de que éste se escude en la supuesta agrupación Movimiento Democrático Independiente.

Entonces presumió que los fondos para pagar esa propaganda “por todos lados indica que está siendo sufragada por la comuna porteña, situación que ameritaría cárcel para quienes lo estén autorizando, porque no sólo es un delito electoral sino que se trata de un desvío de fondos públicos para obra pública y desarrollo social”.

No hubo respuesta del IEEG

Y en la sesión el 30 de diciembre, cuando de acuerdo con el orden del día se pensó que al final saldría el asunto en respuesta a la queja IEEG/CEQD/127/2010 presentada por el representante de la coalición Guerrero nos une, Torres Aguirre, representante de Tiempos mejores para Guerrero, advirtió que el dictamen 050/CEQD/17-12-2010 sería impugnado porque con él se establece que el IEEG se está tomando una atribución que no le corresponde, además de que se trata de “un grave atentado contra la libertad de expresión” y espetó que así lo establecerían ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

El tema dio para debate ante el pleno, que se limitó a contemplarlo, y Sánchez Nava acusó que en medio de todos esos desplegados hay una cuantiosa cantidad de dinero que además tendrá que esclarecerse. Dijo que la libertad de expresión nada tiene que ver con una campaña que, por supuesto, no sale de los periódicos ni de su política editorial, sino que son inserciones pagadas por personajes que quieren denostar la imagen de Ángel Aguirre Rivero.

“Es claro que don Roberto Torres tiene intereses y se les está afectando al ordenar retirarla. Por eso es que está atacando la resolución. Es claro que ellos son los beneficiarios de toda esta campaña denostativa”, aclaró. Del papel del IEEG, dijo que éste “sólo está cumpliendo con su responsabilidad de velar por la legalidad” del proceso electoral.

Entonces, Pacheco Bedolla intervino. Aseguró que las resoluciones se llevan a cabo con un criterio “estrictamente jurídico y apegadas a derecho. No hay una posición política en la decisión que se tomó para ordenar el retiro de los desplegados”, en cuyos contenidos destacan el discurso de Aguirre Rivero y de otros actores del PRD. El último fue en el caso que se refiere a la presa La Parota, donde se compararon los discursos del candidato de la alianza encabezada por el PRD y la encabezada por el PRI, Manuel Añorve Baños.

Pero cuando el dictamen aún se sostenía, Torres reprochó que la resolución no fue conocida previamente por los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias y no se supo el sentido de éste, de modo que por eso debía considerarse su aprobación, de lo contrario “será responsabilidad del Consejo General y las consecuencias las tendrá que pagar el instituto, porque las sanciones administrativas que vengan después serán incluso contra los medios impresos”. El consejero Jesús Hernández Cabrera, conocido por su afinidad filopriísta, secundó más tarde a Torres e increpó incluso que él no había conocido previamente el acuerdo ni mucho menos lo había firmado.

Pacheco reculó y en una nueva intervención solicitó a Ramos Castro que se votara, de plano y porque efectivamente el dictamen no tenía las firmas de todos los integrantes de la comisión, retirar ese punto del orden del día, medida que fue avalada por el presidente del órgano “por una cuestión meramente procesal”. Sánchez Nava recriminó la postura, porque, dijo, otros puntos han sido aprobado en las mismas condiciones. Ramos le respondió de inmediato. Dijo que en efecto, pero los casos han sido bajo consenso, “y en este caso no lo hubo; sin embargo, podemos discutirlo y emitir en lo inmediato una convocatoria para una sesión extraordinaria urgente”.

Algo que pese al ofrecimiento público de Ramos no ocurrió, ni en la sesión del 5 de enero, la primera ordinaria que cada mes celebra el Consejo General del IEEG y a 25 días de las votaciones. Es más, el tema ni siquiera hubiera sido motivo de discusión durante el acto, si no fuera porque en los asuntos generales, el representante de la coalición encabezada por el PRD, censuró la posición que respecto a este caso guarda el órgano electoral.

Recriminó: “Desde el 15 de diciembre interpusimos una queja en contra de una serie de publicaciones desplegados en varios medios de comunicación desde hace ya más de tres meses, firmados por el señor Margarito Chino Chino y Mayra Muñoz Coria, quienes son trabajadores del ayuntamiento de Acapulco. Desplegados que son inserciones pagadas y que constituyen declaraciones difamatorias con el objetivo de desacreditar la imagen del licenciado Ángel Aguirre Rivero, candidato de la coalición Guerrero nos une.

“En la última sesión extraordinaria –recordó– se incluyó en el orden del día para aprobar el dictamen y el acuerdo con las medidas cautelares, pero ante la inconformidad del representante de la coalición Tiempos mejores, los consejeros aprobaron retirar el dictamen del orden del día, con el acuerdo que en la próxima sesión se aprobaría; sin embargo, en esta sesión no se incluyó con el argumento de que se debe perfeccionar el dictamen, a pesar de que se ha discutido el tema en tres reuniones de la comisión de Quejas y Denuncias y dos del Consejo General”.

Tal circunstancia, espetó Sánchez, “me da la razón para afirmar que hay una acción premeditada por algunos consejeros por dilatar la aprobación de este dictamen si es posible hasta que termine la campaña. Por ello exhorto al Consejo General a que cumpla con la ley”. Su reclamo fue oído en la sesión matutina de este domingo 9, cuando se pidió a los medios que suspendieran la publicación de los desplegados. El dictamen, empero, venía con una acotación de Ramos Castro: “ningún medio de comunicación es parte procesal de ese expediente –dijo, trató de explicar el presidente del IEEG–, lo único que se hace es que en esos medios (en que) aparecen las inserciones se les pide información. Ningún medio es denunciado y menos forma parte de ese procedimiento”.

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