El poder Judicial de Guerrero... coto de poder

|David Espino|

La designación de los perredistas Adela Román Ocampo y Raymundo Casarrubias Vázquez como magistrados, así como de Jesús Martínez Garnelo como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, trajo la censura del grupo parlamentario del PRI. Además de una condena: el poder Judicial se partidiza y la impartición de la justicia no sabe de colores. Es un asunto grave cuyas consecuencias se conocerán más temprano que tarde.
Un reclamo tarde de los priístas, pero reclamo al fin.
El poder Judicial es, paradójicamente, un coto. Un coto de poder del poder Ejecutivo. Los magistrados son asignados por el gobernador en turno que nombra sólo a aquellos hombres o mujeres que han estado cerca del poder. A su servicio. Siempre ha sido así y no tendría porque ser diferente con Ángel Aguirre Rivero. ¿Por qué?
Pero los priístas en el Congreso levantaron la voz en la sesión donde se aceptó la propuesta de Aguirre para magistrados. Los perredistas Adela Román y Raymundo Casarrubias Vázquez.


En efecto.

La historia dice que sí. Con un poder subordinado a otro, la gracia y la justicia se da a los amigos y la ley a secas se ejerce con los enemigos. O con quien no tenga para pagar. Así se da en los reclusorios del estado. Indígenas que cumplen hasta dos años de prisión sin saber de qué están acusados porque no hablan español y no hay nadie que se lo explique en su lengua madre. Sin juicio ni sentencia. Algunas veces señalados por el vecino o por el cacique del pueblo de haber robado un marrano o un burro. Aunque no sea cierto.

La cárcel del Tlapa conoce mucho de estas historias.

En el otro extremo: secuestradores con sentencia que salen libres. Carlos García Castro, El Calilla, es un caso que deviene lugar común. El Calilla fue preso y tras un juicio se le comprobó haber participado en el secuestro del Óscar Ibáñez Reyes, hijo del empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval. Ibáñez formó un escuadrón antisecuestro conformado por ex militares con el que siguió a quienes habían secuestrado a su hijo. La justicia le había enseñado su verdadero rostro. Dio con ellos. No los mató. Los entregó. Y un Tribunal Superior de Justicia partidizado, el PRI omnipresente y omnipotente, dio cuenta de su libertad. Jesús Martínez Garnelo, el ahora presidente del poder Judicial fue el ejecutor de la sentencia absolutoria. Miguel Maya Manrique y la jueza María del Pilar León Flores participaron. Los tres fueron inhabilitados por seis años, aunque tres años después regresaron por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue en 2001.

El Calilla salió libre. A Ibáñez Sandoval una bala de Kalashnicov lo mató poco tiempo después. Saldría del rifle de un matón pagado por Pedro Barragán González, líder de la banda de secuestradores a la que pertenecía El Calilla.

En efecto. La historia les da la razón a los priístas.


Han sido presidentes del TSJ: Jesús Araujo Hernández con Rubén Figueroa Figueroa; con Alejandro Cervantes Delgado fueron tres los señores del poder Judicial: Jesús Cruz Manjares Pineda, José Naime Naime y Hugo Pérez Bautista; los primeros años de José Francisco Ruiz Massieu, Eduardo Neri Acevedo, luego Miguel Bello Pineda. Ya en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, repite Jesús Araujo Hernández. Con la caída de Figueroa éste cae. El gran roble dejó de dar sombra. Y con Ángel Aguirre como interino en 1996 se hace presidente Hugo Pérez Bautista, gente de Cervantes Delgado, el maestro de Aguirre.
Con René Juárez Cisneros llegan a la presidencia del poder Judicial Rigoberto Pano Arciniega y Raúl Calvo Sánchez. Con el primer gobierno que no era priísta, el de Zeferino Torreblanca Galingo, llega Edmundo Román Pinzón. Y en el segundo gobierno de Aguirre, ahora con las siglas del PRD, el favorecido es Jesús Martínez Garnelo. Antes que todos estos ya habían sido magistrados presidentes la hoy diputada del PRI, Guadalupe Gómez Maganda-Bermeo. En su primera vez, Hugo Pérez Bautista. Y un Manuel Torres Heras, en un breve periodo de un mes, en 1975.


En la sesión del 4 de mayo –que dice Héctor Vicario Castrejón, coordinador de la fracción priísta, ganaron con argumentos el debate– fue en la que los diputados alineados al poder, los ex priístas ahora independientes, los perredistas ahora con un gobernador ex priísta, los convergentes, los petistas, los panistas votaron en favor de la propuesta enviada por el mandatario para nombrar a quienes ocuparían dos escaños vacantes en el poder Judicial. El tiempo de sus ocupantes había acabado al acabar el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

Fue así: en los dictámenes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación leídos en tribuna, se dio como válidos los nombramientos hechos por Aguirre. Los candidatos a magistrados acreditan “la buena reputación, la honorabilidad, la probidad en su desempeño como profesionales del derecho en la carrera judicial y el servicio público”, dijo el orador ante los priístas que ya preparaban la réplica.

Ignacio Ocampo Zavaleta la dio. Reprobó la aprobación. Sentenció que con ello el Congreso estaba dando un paso atrás porque ya se había visto que los diputados tienen interés por mejorar el sistema de impartición de justicia. La propuesta de Ley de Justicia para Menores es una muestra, según dijo. Pero con la ratificación “se rompe de un solo tajo con todos los esfuerzos hechos para profesionalizar a los trabajadores del poder Judicial”. Volvió a decir. Pero no fue oído.

Incluso ni porque pidió a la presidenta de la mesa directiva que se leyera un documento firmado por los integrantes de la Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia, que expresaron su solidaridad a los 25 jueces del estado que habían reclamado ser tomados en cuenta al menos como aspirantes a ocupar una magistratura. La reacción de rechazo de los trabajadores del poder Judicial fue de inmediato. Tan inmediato como se dio a conocer que ya había, de hecho, dos nuevos magistrados para el TSJ y ningunos de sus nombres figuraba siquiera entre los candidatos.

Con o sin argumentos de los priístas –con o sin argumentos de los perredistas–, Adela Román y Raymundo Casarrubias rindieron protesta. La primera ganó en votación en urnas de los diputados con 27 votos en favor y seis en contra. El segundo con 21 en favor y 11 en contra. Entonces el designio del gobernador se consumó.


La trayectoria de Román Ocampo se puede resumir con tres letras: PRD. Una palabra: perredista. Y unas cuantas líneas: jueza menor del Ramo Civil en Acapulco, jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo y notaria pública por ministerio de ley. Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende y jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Diputada local en la 57 legislatura, donde por un periodo coordinó la bancada de su partido. Fue síndica en el ayuntamiento de Acapulco, en el tiempo en que Zeferino Torreblanca Galindo fungió como alcalde.

Pero de todo, las tres letras son las que tendrían mayor peso.

Mientras, la hoja de vida de Casarrubias Vázquez puede resumirse con tres letras: PRD. Una palabra: perredista. Una militancia en un influyente grupo del PRD: el desaparecido Polo Guerrerense de Izquierda, hoy Grupo Guerrero. Y dos párrafos: secretario de Acuerdos, adscrito a los juzgados Tercero y Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares y en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Secretario Auxiliar de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.

Secretario de Acuerdos de la Comisión Substanciadora del Poder Judicial del Estado, secretario Técnico y de Organización del Consejo del Instituto para el Mejoramiento, coordinador de Asuntos Periciales, secretario General de Acuerdos y Secretario Proyectista Adscrito a la Sala Familiar. Todo en el TSJ.

Pero de todos los encargos, el de la militancia acaso inclinó la balanza en su favor.


La discusión en el Congreso –la discusión que dice Vicario que ganaron– pasó desapercibida. La muerte violenta e intempestiva, la madrugada del 4 de mayo, del activista por los derechos de los grupos homosexuales, Quetzalcóatl Leija Herrera les ganó la plana. Entre las notas del crimen cometido en el zócalo de Chilpancingo, sus reacciones y sus ocho columnas se perdió lo que dijo el perredista Evodio Velázquez Aguirre: que si los aspirantes no cumplieran con los requisitos de ley, ellos votarían en contra. De otro modo estarían respondiendo a cuestiones políticas.

Vicario Castrejón le respondió, aunque luego tampoco resonara lo suficiente, que su partido “en congruencia con el respeto a la división de poderes iba a emitir su voto en contra a las propuesta del Ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia es un poder ejemplo y partidizarlo no es lo apropiado”. Incluso se solidarizó con los jueces que no fueron tomados en cuenta a pesar de su carrera judicial.

Después el perredista Sebastián de la Rosa Peláez ironizó: “coincido con el diputado Vicario en que no se debe partidizar al poder Judicial; sin embargo, no es un argumento válido para el PRI y menos para desacreditar los nombramientos, porque uno de los magistrados a sustituir es el actual diputado federal priísta Fermín Alvarado Arroyo”.