David Espino
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La trama del asesinato de Armando Chavarría Barrera ha tenido, por decir lo menos, el desenlace más inesperado. Sin esclarecimiento, sin nadie que responda por el crimen y, ahora, sin ningún sospechoso de haberlo cometido, dado que el expediente no sólo está perdido sino que no hay constancia de que algún día haya existido, incluso en la Procuraduría General de la República, según el procurador de justicia, Alberto López Rosas. Algo que, no obstante, no es del todo cierto.
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La trama del asesinato de Armando Chavarría Barrera ha tenido, por decir lo menos, el desenlace más inesperado. Sin esclarecimiento, sin nadie que responda por el crimen y, ahora, sin ningún sospechoso de haberlo cometido, dado que el expediente no sólo está perdido sino que no hay constancia de que algún día haya existido, incluso en la Procuraduría General de la República, según el procurador de justicia, Alberto López Rosas. Algo que, no obstante, no es del todo cierto.
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Chavarría salió de su casa. Eran las 7:00 de la mañana en un Chilpancingo frío. Un clima de chamarra y pantalón deportivo, como solía ir al gimnasio el entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local. Afuera, entre los pinos que adornan y dan sombra al fraccionamiento opulento donde vivía, dos hombres solitarios, ¿solitarios?, acechaban. Chavarría abrió su vehículo. Entró. No echó a andar el motor. Tal vez no le dio tiempo. Tal vez las últimas imágenes que vio fueron las de sus asesinos disparándole a quemarropa. El fuego efímero y el sonido como un eco hondo de las armas. Tal vez ni eso.
Fue el 20 de agosto de 2009.
Del expediente de su muerte –el número BRA/SC/02/1751/2009– se sabe formalmente que está integrado por 2 mil 512 fojas de cinco tomos, en cuyo contenido se tiene el resultado de más de 400 diligencias, las declaraciones ministeriales de 147 personas, 32 dictámenes de prácticas periciales y 22 informes de investigación de la policía ministerial. También, los resultados de mediciones planimétricas y determinaciones cartográficas con topógrafos forenses que se han llevado a cabo a lo largo de la investigación.
Es todo.
3
Desde el principio, el gobierno encabezado entonces por Zeferino Torreblanca Galindo se mostró errático. Pasaron tres procuradores –Eduardo Murueta Urrutia, Albertico Guinto Sierra y David Sotelo Rosas–, un año y medio y nadie pudo, nadie ha podido, decir quién, por qué, en qué contexto fue acribillado de 10 balazos, uno de ellos en la frente, el que fuera ex senador, ex diputado y luego, durante tres años, el secretario general de gobierno del primer mandatario salido de un partido diferente al PRI.
En cambio, los procuradores puestos por Torreblanca se encargaron de confundir más la trama. Soltaron datos, buscapiés. Las cuatro líneas de investigación: la guerrilla, el narcotráfico, los amoríos, la política. Las amantes interminables, más de 50, con nombres y apellidos que filtraron a un diario editado en el Distrito Federal. Pero nada serio, nada oficial. Declaraciones informales a cuestionamientos informales de reporteros de la fuente. Mucho menos indicios provenientes de un expediente del que, ciertamente, nunca se habló con certeza.
Aun el hijo del político muerto, Osvaldo Chavarría Obeso, declaró más de una ocasión que ni la familia ni el abogado que ellos contrataron había tenido acceso a la documentación. Que no se lo permitieron. Del expediente se supo, sí, pero por los decires en la prensa. Se supo quiénes y cuántos personajes de la política y de otros ámbitos habrían declarado. Torreblanca Galindo, la viuda Martha Obeso Cázares, el director de El Sur, Juan Angulo Osorio, políticos del PRD. 147 pues, declararon. Pero de eso no salió nada tangible.
Por la prensa se conocieron las filtraciones de las supuestas líneas de investigación que involucraba la vida privada del funcionario ultimado. Por la prensa y declaraciones sueltas del ex gobernador se supo también que Obeso era objeto de investigación. Y Torreblanca, una y otra vez advirtió que los resultados no les gustarían a muchos. Pero sólo lo declaró. Lo que no gustó, al menos a la familia y al grupo político que encabezaba en el PRD, el desaparecido Polo Guerrerense de Izquierda, es que no hubo ningún resultado. Ni a gusto ni a disgusto de nadie.
Torreblanca hizo aseveraciones desafortunadas, eso sí; acaso torpes. Siempre aludiendo a Chavarría como un personaje oscuro, con una vida privada cuestionable y de moral relajada. Como cuando en un acto oficial en la residencia oficial Casa Guerrero, criticó a los políticos que esconden “en la defensa del interés general, las más bajas pasiones y llevan una vida personal contraria a sus preceptos”. Pero no lo dijo para ver quién de sus contrarios perredistas se sentía aludido, lo dijo a un día después de que el diario Milenio publicara –el 26 de octubre de 2009– una lista de 60 mujeres con supuestos vínculos sentimentales con el difunto. Una lista filtrada desde la Procuraduría General de Justicia del estado.
Los tres procuradores que desfilaron por la oficina de la fiscalía guerrerense –uno sólo como encargado de despacho, Guinto Sierra– evidenciaron su impericia. El primero, Murueta Urrutia, ya la había mostrado con el caso del asesinato del también diputado, panista, Jorge Bajos Valverde. Una trama con un alto costo político para el entonces grupo en el poder. Las detenciones de los hermanos Aldy Manuel y Eder Andy González Rodríguez se les regresaron como un bumerán. El segundo salió de la cárcel por falta de pruebas y el primero, esposo de Jacquelín Orta Martínez, suplente de Bajos que nunca ocupó la curul por estar en medio de la intriga, sigue litigando su libertad, ahora más cercana. Nadie está en Casa Guerrero. Nadie, al menos, que lo señale.
Los que le siguieron a Murueta –sostenido hasta el último momento por Torreblanca, que tuvo que ceder al final por el clamor de que dimitiera–, Guinto y Sotelo, prefirieron pasar de lado el asunto. O brincarlo. Sabían que a su antecesor le había costado el puesto.
4
El martes 26 de abril los periódicos locales lo publicaron en sus primeras planas. Todos. Extraviado, el expediente del caso Chavarría. Torreblanca desapareció el expediente Chavarría. Y cosas por el estilo. López Rosas, el nuevo procurador con el gobierno entrante de Ángel Aguirre Rivero, declaró en conferencia de prensa, un día antes, que desde que llegó a la Procuraduría de Justicia, los primeros días de abril, no había encontrado evidencia de que el expediente del asesinato de Chavarría hubiera existido. Es más, acusó al ex gobernador Torreblanca de haberlo desaparecido.
Pero López Rosas –público su pleito con Torreblanca desde que dejó de ser alcalde de Acapulco en 2005, a quien acusó de haberlo bloqueado en sus aspiraciones políticas– tardó 26 días en darse cuenta del extravío. O, al menos, tardó 26 días en denunciar que no había indicios del documento. Aseguró que ni la PGR lo tenía. Algo que, por decirlo lo menos, no fue tan exacto. Al siguiente día, el miércoles 27, el diario nacional La Jornada publicó una nota en la que, citando fuentes de la PGR, se establece que desde junio de 2010 el expediente del caso fue atraído por el Ministerio Público Federal, mientras que en la procuraduría del estado había quedado un triplicado del documento.
El jueves 28, ante el pleno del Congreso local –que acordó un día antes llamarlo a comparecer al respecto–, López Rosas continuó sosteniendo su tesis de la desaparición del expediente. Dijo: “he formulado esta comparecencia bajo protesta de decir verdad a fin de dar certeza jurídica a este informe y alejarlo de toda pretensión política o persecutora que atente contra la credibilidad de la institución que represento, afirmando categóricamente la inexistencia de cualquier antecedente en esa institución del reprobable homicidio de quien representara a este poder en el estado.
“Es decir –siguió–, hasta este momento para la institución que represento el homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera no ocurrió jurídicamente, lo que resulta inverosímil puesto que aún bajo el supuesto de que (la PGR) hubiese ejercitado la facultad de atracción, no justifica que los antecedentes desaparecieran, puesto que el efecto jurídico se traduce en la imposibilidad de coadyuvancia, pues al no existir el desglose no existen las condiciones para actuar o practicar diligencias que aporten a la autoridad atrayente; pero lo más grave es que al no existir el acuse de recibo del envío de la indagatoria, se desconoce su contenido, lo que fue entregado en su caso a la PGR, a qué dependencia de esa instancia se entregó, de cuántos tomos se conformó, qué objetos levantados en la escena del crimen se pusieron a disposición de la autoridad federal; es decir, es un absoluto desconocimiento de lo que se conforma ese sumario”.
Antes, aseguró que el ex procurador David Sotelo Rosas no ha contestado a las notificaciones hechas para que responda por el caso. Lo que es más, en el domicilio que se tiene registrado como su vivienda no habita nadie desde hace mucho. Y lo que es peor: ni el fiscal regional de la zona Centro, Martín Jiménez Juárez ni el fiscal para delitos graves, Pablo Alejandro Jasso Barrera, quienes manejaron y tuvieron en sus manos el documento supieron darle informes al respecto. Guinto Sierra, llamado para informar del asunto en menos de 72 horas, responsabilizó a otro fiscal de nombre Jesús Miranda Rodríguez.
La trama ha llegado más lejos. Ahora, según lo dijo López Rosas ante los diputados, hay una denuncia de hechos en la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos, cuya averiguación previa FEPDH/01/005/2011 es para que “se investiguen las acciones y omisiones del caso y se conozca quién o quiénes tiene responsabilidad en el entorpecimiento de la investigación que sigue consternando a la familia del diputado Chavarría Barrera, a la clase política guerrerense y a diversos sectores de la sociedad”.
5
El viernes 29, otra vez los diarios, reproduciendo no sólo el informe estridente de forma y fondo, sino la respuesta, también estridente de forma y fondo, del diputado beneficiario inconsciente de la muerte de Chavarría, el suplente Celestino Cesáreo Guzmán. Arraigo a Torreblanca. Torreblanca tiene que responder por el caso. Y cosas por el estilo. Cesáreo en efecto lo dijo: “Señor procurador, quien ordenó la desaparición del expediente, a partir de este hecho, es sospechoso del crimen de Armando Chavarría. La desaparición del expediente, es a partir de hoy, debe serlo para la Procuraduría a su cargo, una línea de investigación de quien mató al presidente de la Comisión de Gobierno.
“La desaparición del expediente es motivo suficiente para citar a declarar a la Procuraduría a su cargo, al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, así como a los funcionarios responsables de esa investigación, porque ante este hecho, es evidente la complicidad de funcionarios de la anterior administración para ocultar las evidencias sobre el crimen. Por eso le pedimos, ciudadano procurador, que dicte las medidas cautelares pertinentes en el marco de la ley, que dicte el arraigo a los funcionarios responsables de que el expediente Chavarría no aparezca y hay un funcionario que por su superioridad jerárquica también debe ser arraigado, y me refiero al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”.
Fue el 20 de agosto de 2009.
Del expediente de su muerte –el número BRA/SC/02/1751/2009– se sabe formalmente que está integrado por 2 mil 512 fojas de cinco tomos, en cuyo contenido se tiene el resultado de más de 400 diligencias, las declaraciones ministeriales de 147 personas, 32 dictámenes de prácticas periciales y 22 informes de investigación de la policía ministerial. También, los resultados de mediciones planimétricas y determinaciones cartográficas con topógrafos forenses que se han llevado a cabo a lo largo de la investigación.
Es todo.
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Desde el principio, el gobierno encabezado entonces por Zeferino Torreblanca Galindo se mostró errático. Pasaron tres procuradores –Eduardo Murueta Urrutia, Albertico Guinto Sierra y David Sotelo Rosas–, un año y medio y nadie pudo, nadie ha podido, decir quién, por qué, en qué contexto fue acribillado de 10 balazos, uno de ellos en la frente, el que fuera ex senador, ex diputado y luego, durante tres años, el secretario general de gobierno del primer mandatario salido de un partido diferente al PRI.
En cambio, los procuradores puestos por Torreblanca se encargaron de confundir más la trama. Soltaron datos, buscapiés. Las cuatro líneas de investigación: la guerrilla, el narcotráfico, los amoríos, la política. Las amantes interminables, más de 50, con nombres y apellidos que filtraron a un diario editado en el Distrito Federal. Pero nada serio, nada oficial. Declaraciones informales a cuestionamientos informales de reporteros de la fuente. Mucho menos indicios provenientes de un expediente del que, ciertamente, nunca se habló con certeza.
Aun el hijo del político muerto, Osvaldo Chavarría Obeso, declaró más de una ocasión que ni la familia ni el abogado que ellos contrataron había tenido acceso a la documentación. Que no se lo permitieron. Del expediente se supo, sí, pero por los decires en la prensa. Se supo quiénes y cuántos personajes de la política y de otros ámbitos habrían declarado. Torreblanca Galindo, la viuda Martha Obeso Cázares, el director de El Sur, Juan Angulo Osorio, políticos del PRD. 147 pues, declararon. Pero de eso no salió nada tangible.
Por la prensa se conocieron las filtraciones de las supuestas líneas de investigación que involucraba la vida privada del funcionario ultimado. Por la prensa y declaraciones sueltas del ex gobernador se supo también que Obeso era objeto de investigación. Y Torreblanca, una y otra vez advirtió que los resultados no les gustarían a muchos. Pero sólo lo declaró. Lo que no gustó, al menos a la familia y al grupo político que encabezaba en el PRD, el desaparecido Polo Guerrerense de Izquierda, es que no hubo ningún resultado. Ni a gusto ni a disgusto de nadie.
Torreblanca hizo aseveraciones desafortunadas, eso sí; acaso torpes. Siempre aludiendo a Chavarría como un personaje oscuro, con una vida privada cuestionable y de moral relajada. Como cuando en un acto oficial en la residencia oficial Casa Guerrero, criticó a los políticos que esconden “en la defensa del interés general, las más bajas pasiones y llevan una vida personal contraria a sus preceptos”. Pero no lo dijo para ver quién de sus contrarios perredistas se sentía aludido, lo dijo a un día después de que el diario Milenio publicara –el 26 de octubre de 2009– una lista de 60 mujeres con supuestos vínculos sentimentales con el difunto. Una lista filtrada desde la Procuraduría General de Justicia del estado.
Los tres procuradores que desfilaron por la oficina de la fiscalía guerrerense –uno sólo como encargado de despacho, Guinto Sierra– evidenciaron su impericia. El primero, Murueta Urrutia, ya la había mostrado con el caso del asesinato del también diputado, panista, Jorge Bajos Valverde. Una trama con un alto costo político para el entonces grupo en el poder. Las detenciones de los hermanos Aldy Manuel y Eder Andy González Rodríguez se les regresaron como un bumerán. El segundo salió de la cárcel por falta de pruebas y el primero, esposo de Jacquelín Orta Martínez, suplente de Bajos que nunca ocupó la curul por estar en medio de la intriga, sigue litigando su libertad, ahora más cercana. Nadie está en Casa Guerrero. Nadie, al menos, que lo señale.
Los que le siguieron a Murueta –sostenido hasta el último momento por Torreblanca, que tuvo que ceder al final por el clamor de que dimitiera–, Guinto y Sotelo, prefirieron pasar de lado el asunto. O brincarlo. Sabían que a su antecesor le había costado el puesto.
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El martes 26 de abril los periódicos locales lo publicaron en sus primeras planas. Todos. Extraviado, el expediente del caso Chavarría. Torreblanca desapareció el expediente Chavarría. Y cosas por el estilo. López Rosas, el nuevo procurador con el gobierno entrante de Ángel Aguirre Rivero, declaró en conferencia de prensa, un día antes, que desde que llegó a la Procuraduría de Justicia, los primeros días de abril, no había encontrado evidencia de que el expediente del asesinato de Chavarría hubiera existido. Es más, acusó al ex gobernador Torreblanca de haberlo desaparecido.
Pero López Rosas –público su pleito con Torreblanca desde que dejó de ser alcalde de Acapulco en 2005, a quien acusó de haberlo bloqueado en sus aspiraciones políticas– tardó 26 días en darse cuenta del extravío. O, al menos, tardó 26 días en denunciar que no había indicios del documento. Aseguró que ni la PGR lo tenía. Algo que, por decirlo lo menos, no fue tan exacto. Al siguiente día, el miércoles 27, el diario nacional La Jornada publicó una nota en la que, citando fuentes de la PGR, se establece que desde junio de 2010 el expediente del caso fue atraído por el Ministerio Público Federal, mientras que en la procuraduría del estado había quedado un triplicado del documento.
El jueves 28, ante el pleno del Congreso local –que acordó un día antes llamarlo a comparecer al respecto–, López Rosas continuó sosteniendo su tesis de la desaparición del expediente. Dijo: “he formulado esta comparecencia bajo protesta de decir verdad a fin de dar certeza jurídica a este informe y alejarlo de toda pretensión política o persecutora que atente contra la credibilidad de la institución que represento, afirmando categóricamente la inexistencia de cualquier antecedente en esa institución del reprobable homicidio de quien representara a este poder en el estado.
“Es decir –siguió–, hasta este momento para la institución que represento el homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera no ocurrió jurídicamente, lo que resulta inverosímil puesto que aún bajo el supuesto de que (la PGR) hubiese ejercitado la facultad de atracción, no justifica que los antecedentes desaparecieran, puesto que el efecto jurídico se traduce en la imposibilidad de coadyuvancia, pues al no existir el desglose no existen las condiciones para actuar o practicar diligencias que aporten a la autoridad atrayente; pero lo más grave es que al no existir el acuse de recibo del envío de la indagatoria, se desconoce su contenido, lo que fue entregado en su caso a la PGR, a qué dependencia de esa instancia se entregó, de cuántos tomos se conformó, qué objetos levantados en la escena del crimen se pusieron a disposición de la autoridad federal; es decir, es un absoluto desconocimiento de lo que se conforma ese sumario”.
Antes, aseguró que el ex procurador David Sotelo Rosas no ha contestado a las notificaciones hechas para que responda por el caso. Lo que es más, en el domicilio que se tiene registrado como su vivienda no habita nadie desde hace mucho. Y lo que es peor: ni el fiscal regional de la zona Centro, Martín Jiménez Juárez ni el fiscal para delitos graves, Pablo Alejandro Jasso Barrera, quienes manejaron y tuvieron en sus manos el documento supieron darle informes al respecto. Guinto Sierra, llamado para informar del asunto en menos de 72 horas, responsabilizó a otro fiscal de nombre Jesús Miranda Rodríguez.
La trama ha llegado más lejos. Ahora, según lo dijo López Rosas ante los diputados, hay una denuncia de hechos en la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos, cuya averiguación previa FEPDH/01/005/2011 es para que “se investiguen las acciones y omisiones del caso y se conozca quién o quiénes tiene responsabilidad en el entorpecimiento de la investigación que sigue consternando a la familia del diputado Chavarría Barrera, a la clase política guerrerense y a diversos sectores de la sociedad”.
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El viernes 29, otra vez los diarios, reproduciendo no sólo el informe estridente de forma y fondo, sino la respuesta, también estridente de forma y fondo, del diputado beneficiario inconsciente de la muerte de Chavarría, el suplente Celestino Cesáreo Guzmán. Arraigo a Torreblanca. Torreblanca tiene que responder por el caso. Y cosas por el estilo. Cesáreo en efecto lo dijo: “Señor procurador, quien ordenó la desaparición del expediente, a partir de este hecho, es sospechoso del crimen de Armando Chavarría. La desaparición del expediente, es a partir de hoy, debe serlo para la Procuraduría a su cargo, una línea de investigación de quien mató al presidente de la Comisión de Gobierno.
“La desaparición del expediente es motivo suficiente para citar a declarar a la Procuraduría a su cargo, al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, así como a los funcionarios responsables de esa investigación, porque ante este hecho, es evidente la complicidad de funcionarios de la anterior administración para ocultar las evidencias sobre el crimen. Por eso le pedimos, ciudadano procurador, que dicte las medidas cautelares pertinentes en el marco de la ley, que dicte el arraigo a los funcionarios responsables de que el expediente Chavarría no aparezca y hay un funcionario que por su superioridad jerárquica también debe ser arraigado, y me refiero al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”.
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