Narcoviolencia y elecciones en Guerrero

[David Espino]
El 16 de marzo, hombres armados levantaron por más de 20 horas al dirigente del grupo perredista Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), Víctor Aguirre Alcaide, en Acapetlahuaya, municipio de la región Norte. Sobre el episodio el mismo Aguirre habló de manera escueta.
Me tenían en un cuarto en donde se escuchaba cómo estaban torturando a más personas… estuve retenido más de 20 horas; no es algo sencillo... gracias a dios estamos bien. Pero les voy a pedir que no le muevan, que ya no se publique –dijo cuando fue interrogado por reporteros un par de días después de su liberación.
Antes, en un mitin en Tlapa el 18 de marzo, el primero al que iba luego de lo sucedido, Aguirre Alcaide se refirió a lo que llamó un incidente. “Fue real –dijo cuando usó el micrófono– pero dejémoslo en un incidente lamentable... Qué dios perdone a esas personas”.

Desde que se conoció la noticia como un trascendido, ninguna instancia del gobierno o del PRD informó al respecto y se tuvo que esperar a más rumores para dar un poco de contexto al caso. Así fue como se supo que Aguirre Alcaide iba a una reunión partidista a aquella región, acompañado de los ex dirigentes del PRD en Guerrero Misael Medrano Baza y Martín Mora Aguirre y del dirigente en aquel municipio, Francisco Vergara Martínez, y que cuando transitaban en el entronque con la carretera a Acapetlahuaya se toparon con un retén que los narcotraficantes colocan en estas zonas y que de allí se los llevaron.
Lo que también se supo, aunque no se publicó ni mucho menos lo aceptó ninguna autoridad ni las víctimas, fue que los dirigentes iban a una reunión en la que respaldarían a un aspirante a alcalde, que éste no era del agrado de los grupos de poder, vinculados o no al narco, en la región y que se así se lo hicieron saber el día en que fueron levantados.
Otra versión salida de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, es que en cuanto se conoció la noticia del levantón el gobierno estatal ordenó una operación policial para dar con los dirigentes perredistas, y que cuando se enteraron los grupos criminales de esto los liberaron.
El episodio con el dirigente de la UIG no sería el primero; tampoco la gente PRD la única en padecerlos. Cuatro días después, el miércoles 20 de marzo, el dirigente del PRI en Coyuca de Catalán, Nabor Santiago Baltasar, y el ex alcalde Francisco Chávez Araujo fueron levantados en la carretera Arcelia-Teloloapan cuando inconformes por la definición de las candidaturas de su partido en aquella región decidieron venir a Chilpancingo a registrar su planilla a la alcaldía de ese municipio para competir en una elección interna.
Lo primero que se supo sobre el caso es que los priístas habían desaparecido en camino a la capital del estado; pero cuando por fin, días después, se conoció de ellos porque habían regresado a sus casas, no quisieron hablar de lo sucedido. Se supo, desde luego, que nunca llegaron a Chilpancingo donde registrarían su aspiración.

Antes, el 31 de enero, el aspirante a la alcaldía de Pungarabato por el PRI, Raynel Rodríguez Muñoz, fue levantado por un grupo armado. La información que se conoció hasta su liberación, cinco días después, es que Rodríguez había expresado su inconformidad por el proceso mediante el cual se seleccionó al candidato a presidente municipal en Pungarabato y anunció que impugnaría el proceso no sólo en las instancias de su partido sino en los tribunales electorales. Se supo que además de ser un prolífico empresario de la región, era un aspirante con amplias posibilidades de ganar la candidatura. Sin embargo, luego de que fue liberado, él mismo anunció en una conferencia de prensa dada a conocer por un diario de aquella ciudad, su retiro de la política.
Doy gracias a dios por permitirme estar nuevamente con mi familia y mis amigos. También agradezco a todos los que se preocuparon por mi integridad física. Por el momento me retiro de la política y de toda actividad pública hasta dialogar con mi familia y dialogar sobre lo acontecido. Primero la amistad antes que la política”, fue lo último que dijo, según el diario calentano.
Y en la cadena de hechos ocurridos en el contexto de las campañas federales y locales –éstas en un proceso de definición en aquel momento– el 5 de febrero un comando levantó a Virgilio Moreno Arcos, hermano del diputado federal Mario Moreno Arcos y precandidato del PRI a la alcaldía de Chilpancingo. Sobre esto no se conoció más información que los trascendidos; por ejemplo, que los hombres armados se llevaron de su casa a Virgilio y que horas después fue liberado. Tampoco se supo si los motivos de su retención fueron políticos o pidieron dinero para su liberación.
Un mes después de que Víctor Aguirre Alcaide y los ex dirigentes del PRD fueran levantados y liberados, un caso similar alertó a los políticos y a sus partidos. El 19 de abril, el candidato a diputado local del PRI en el distrito 21, Alejandro Trujillo Leguízamo, fue levantado junto con su secretario y su chofer en la entrada norte de Chilpancingo. Como ha ocurrido en todos estos casos, la información que se conoció fue por trascendidos y se llega a corroborar una vez que las víctimas son libradas.
Así fue como se conoció que junto con Trujillo iba el candidato del PRI a la alcaldía de Taxco, Salomón Majul González, pero que durante el plagio éste logró escapar. Los dos políticos venían a Chilpancingo a una reunión con el presidente de su partido, Cuauhtémoc Salgado Romero, y aunque no se supo el contexto de su liberación se conoció que ocurrió dos días después.

Los casos más extremos que han ocurrido en este entorno, son la ejecución del dirigente municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Atoyac, José Guadalupe Medina Acosta, y la ejecución del coordinador del PRI en la región Norte, Horacio Barquín Ceballos. El primero ocurrió en Cacalutla, el 16 de marzo a las 7:00 de la noche, cuando hombres armados llegaron a la pequeña tienda donde él despachaba y le dispararon con rifles AR-15, AK-47 y pistolas 9 milímetros. Medina, era además representante del PT en este municipio, y en el lugar donde lo mataron, en la orilla de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, quedaron más de 30 casquillos percutidos.
En el segundo caso, Barquín, que además era diputado suplente de Manuel Saidí Prats, fue asesinado en Taxco el 28 de abril. De acuerdo con la información que se conoció en ese momento, a las 6:00 de la tarde hombres armados llegaron hasta su casa, a cinco minutos de la ciudad, y le dispararon con armas de diferentes calibres.
Y la jefa de prensa del PRI en Guerrero, Yanet Cruz Domínguez, quiso inaugurar una nueva modalidad de intervención del narco en política. Cuando el pasado miércoles 16, un diario de Chilpancingo publicó la foto de su jefe, el presidente del PRI Cuauhtémoc Salgado Romero, desnudo, en un cuarto de hotel, en su cuenta de Facebook, la vocera dijo que un grupo armado había llevado la imagen a la redacción del diario y que mediante amenazas obligó a los editores que fuera publicada.
La explicación fue borrada poco después, y aunque la imagen fue ampliamente difundida en las redes sociales, se conoció que no fue por coerción como se logró publicar, sino mediante el pago de una inserción y que, además, se trataba nada menos de que de una imagen manipulada.

La situación de violencia que ha tocado lo mismo a candidatos que a dirigentes, puso en alerta a los presidentes de los dos principales partidos de Guerrero. En una reunión llevada a cabo el 25 de abril, Cuauhtémoc Salgado Romero, del PRI y Carlos Reyes Torres, del PRD, acordaron buscar reunirse con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para pedirle seguridad para sus candidatos y el desarrollo de las campañas en general. El primero fue el priísta Salgado Romero, que en una reunión el pasado 8 de mayo, demandó a Aguirre “tomar medidas enérgicas y blindar los municipios donde es evidente la ausencia de autoridad y son dominados por el narcotráfico”.
Salgado declaró que le pidió al gobernador –además de garantizar la seguridad de todos mediante el programa federal Guerrero Seguro– convocar a todos los dirigentes de los partidos políticos a firmar un pacto de civilidad para que los políticos sean prudentes y no abonen al clima de violencia que persiste en Guerrero.
No se supo si el perredista Reyes Torres se haya reunido con el gobernador, pero una vez que se supo de la liberación de Víctor Aguirre Alcaide, el dirigente del PRD no atinó más que a sugerir a los candidatos de su partido “no vincularse con gente cercana a la delincuencia organizada”.

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