[David
Espino]
El
16 de marzo, hombres armados levantaron
por más de 20 horas al dirigente del grupo perredista Unidad de
Izquierda Guerrerense (UIG), Víctor Aguirre Alcaide, en
Acapetlahuaya, municipio de la región Norte. Sobre el episodio el
mismo Aguirre habló de manera escueta.
–Me
tenían en un cuarto en donde se escuchaba cómo estaban torturando a
más personas… estuve retenido más de 20 horas; no es algo
sencillo... gracias a dios estamos bien. Pero les voy a pedir que no
le muevan, que ya no se publique –dijo cuando fue interrogado por
reporteros un par de días después de su liberación.
Antes,
en un mitin en Tlapa el 18 de marzo, el primero al que iba luego de
lo sucedido, Aguirre Alcaide se refirió a lo que llamó un
incidente. “Fue real –dijo cuando usó el micrófono– pero
dejémoslo en un incidente lamentable... Qué dios perdone a esas
personas”.
Desde
que se conoció la noticia como un trascendido, ninguna instancia del
gobierno o del PRD informó al respecto y se tuvo que esperar a más
rumores para dar un poco de contexto al caso. Así fue como se supo
que Aguirre Alcaide iba a una reunión partidista a aquella región,
acompañado de los ex dirigentes del PRD en Guerrero Misael Medrano
Baza y Martín Mora Aguirre y del dirigente en aquel municipio,
Francisco Vergara Martínez, y que cuando transitaban en el entronque
con la carretera a Acapetlahuaya se toparon con un retén que los
narcotraficantes colocan en estas zonas y que de allí se los
llevaron.
Lo
que también se supo, aunque no se publicó ni mucho menos lo aceptó
ninguna autoridad ni las víctimas, fue que los dirigentes iban a una
reunión en la que respaldarían a un aspirante a alcalde, que éste
no era del agrado de los grupos de poder, vinculados o no al narco,
en la región y que se así se lo hicieron saber el día en que
fueron levantados.
Otra
versión salida de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del
PRD, es que en cuanto se conoció la noticia del levantón
el gobierno estatal ordenó una operación policial para dar con los
dirigentes perredistas, y que cuando se enteraron los grupos
criminales de esto los liberaron.
El
episodio con el dirigente de la UIG no sería el primero; tampoco la
gente PRD la única en padecerlos. Cuatro días después, el
miércoles 20 de marzo, el dirigente del PRI en Coyuca de Catalán,
Nabor Santiago Baltasar, y el ex alcalde Francisco Chávez Araujo
fueron levantados
en la carretera Arcelia-Teloloapan cuando inconformes por la
definición de las candidaturas de su partido en aquella región
decidieron venir a Chilpancingo a registrar su planilla a la alcaldía
de ese municipio para competir en una elección interna.
Lo
primero que se supo sobre el caso es que los priístas habían
desaparecido en camino a la capital del estado; pero cuando por fin,
días después, se conoció de ellos porque habían regresado a sus
casas, no quisieron hablar de lo sucedido. Se supo, desde luego, que
nunca llegaron a Chilpancingo donde registrarían su aspiración.
Antes,
el 31 de enero, el aspirante a la alcaldía de Pungarabato por el
PRI, Raynel Rodríguez Muñoz, fue levantado
por un grupo armado. La información que se conoció hasta su
liberación, cinco días después, es que Rodríguez había expresado
su inconformidad por el proceso mediante el cual se seleccionó al
candidato a presidente municipal en Pungarabato y anunció que
impugnaría el proceso no sólo en las instancias de su partido sino
en los tribunales electorales. Se supo que además de ser un
prolífico empresario de la región, era un aspirante con amplias
posibilidades de ganar la candidatura. Sin embargo, luego de que fue
liberado, él mismo anunció en una conferencia de prensa dada a
conocer por un diario de aquella ciudad, su retiro de la política.
“Doy
gracias a dios por permitirme estar nuevamente con mi familia y mis
amigos. También agradezco a todos los que se preocuparon por mi
integridad física. Por el momento me retiro de la política y de
toda actividad pública hasta dialogar con mi familia y dialogar
sobre lo acontecido. Primero la amistad antes que la política”,
fue lo último que dijo, según el diario calentano.
Y
en la cadena de hechos ocurridos en el contexto de las campañas
federales y locales –éstas en un proceso de definición en aquel
momento– el 5 de febrero un comando levantó
a Virgilio Moreno Arcos, hermano del diputado federal Mario Moreno
Arcos y precandidato del PRI a la alcaldía de Chilpancingo. Sobre
esto no se conoció más información que los trascendidos; por
ejemplo, que los hombres armados se llevaron de su casa a Virgilio y
que horas después fue liberado. Tampoco se supo si los motivos de su
retención fueron políticos o pidieron dinero para su liberación.
Un
mes después de que Víctor Aguirre Alcaide y los ex dirigentes del
PRD fueran levantados
y liberados, un caso similar alertó a los políticos y a sus
partidos. El 19 de abril, el candidato a diputado local del PRI en el
distrito 21, Alejandro Trujillo Leguízamo, fue levantado
junto con su secretario y su chofer en la entrada norte de
Chilpancingo. Como ha ocurrido en todos estos casos, la información
que se conoció fue por trascendidos y se llega a corroborar una vez
que las víctimas son libradas.
Así
fue como se conoció que junto con Trujillo iba el candidato del PRI
a la alcaldía de Taxco, Salomón Majul González, pero que durante
el plagio éste logró escapar. Los dos políticos venían a
Chilpancingo a una reunión con el presidente de su partido,
Cuauhtémoc Salgado Romero, y aunque no se supo el contexto de su
liberación se conoció que ocurrió dos días después.
Los
casos más extremos que han ocurrido en este entorno, son la
ejecución
del dirigente municipal del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) en Atoyac, José Guadalupe Medina Acosta, y la ejecución
del coordinador del PRI en la región Norte, Horacio Barquín
Ceballos. El primero ocurrió en Cacalutla, el 16 de marzo a las 7:00
de la noche, cuando hombres armados llegaron a la pequeña tienda
donde él despachaba y le dispararon con rifles AR-15, AK-47 y
pistolas 9 milímetros. Medina, era además representante del PT en
este municipio, y en el lugar donde lo mataron, en la orilla de la
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, quedaron más de 30
casquillos percutidos.
En
el segundo caso, Barquín, que además era diputado suplente de
Manuel Saidí Prats, fue asesinado en Taxco el 28 de abril. De
acuerdo con la información que se conoció en ese momento, a las
6:00 de la tarde hombres armados llegaron hasta su casa, a cinco
minutos de la ciudad, y le dispararon con armas de diferentes
calibres.
Y
la jefa de prensa del PRI en Guerrero, Yanet Cruz Domínguez, quiso
inaugurar una nueva modalidad de intervención del narco en política.
Cuando el pasado miércoles 16, un diario de Chilpancingo publicó la
foto de su jefe, el presidente del PRI Cuauhtémoc Salgado Romero,
desnudo, en un cuarto de hotel, en su cuenta de Facebook, la vocera
dijo que un grupo armado había llevado la imagen a la redacción del
diario y que mediante amenazas obligó a los editores que fuera
publicada.
La
explicación fue borrada poco después, y aunque la imagen fue
ampliamente difundida en las redes sociales, se conoció que no fue
por coerción como se logró publicar, sino mediante el pago de una
inserción y que, además, se trataba nada menos de que de una imagen
manipulada.
La
situación de violencia que ha tocado lo mismo a candidatos que a
dirigentes, puso en alerta a los presidentes de los dos principales
partidos de Guerrero. En una reunión llevada a cabo el 25 de abril,
Cuauhtémoc Salgado Romero, del PRI y Carlos Reyes Torres, del PRD,
acordaron buscar reunirse con el gobernador Ángel Aguirre Rivero
para pedirle seguridad para sus candidatos y el desarrollo de las
campañas en general. El primero fue el priísta Salgado Romero, que
en una reunión el pasado 8 de mayo, demandó a Aguirre “tomar
medidas enérgicas y blindar los municipios donde es evidente la
ausencia de autoridad y son dominados por el narcotráfico”.
Salgado
declaró que le pidió al gobernador –además de garantizar la
seguridad de todos mediante el programa federal Guerrero Seguro–
convocar a todos los dirigentes de los partidos políticos a firmar
un pacto de civilidad para que los políticos sean prudentes y no
abonen al clima de violencia que persiste en Guerrero.
No
se supo si el perredista Reyes Torres se haya reunido con el
gobernador, pero una vez que se supo de la liberación de Víctor
Aguirre Alcaide, el dirigente del PRD no atinó más que a sugerir a
los candidatos de su partido “no vincularse con gente cercana a la
delincuencia organizada”.
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